
Francos expuso sobre la situación previsional en el informe que brindó en el Senado sobre la gestión de Gobierno, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución que lo obliga a concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso.
La advertencia del jefe de Gabinete sobre el impacto fiscal que tendrá el aumento jubilatorio tuvo lugar antes de que el Senado se apreste a comenzar la próxima semana el debate sobre los proyectos aprobados en Diputados en la sesión del pasado 4 de junio.
Fuentes parlamentarios señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que la presidenta de la comisión de Previsión, Carmen Álvarez Rivero, busca consensuar con su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, la citación a un plenario para la próxima semana para abrir el debate de esas iniciativas de aumento de jubilaciones y moratoria con reuniones informativas.
En el primer tramo de su informe, Francos apuntó al “daño que genera en el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica la iniciativa de reforma jubilatoria e incremento del bono que fue aprobada en Diputados”.
Detalló que en el país tenemos “1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria”.
“Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria”, precisó.
Subrayó que “los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”.
El proyecto de aumento del 7,2 por ciento de las jubilaciones y de un incremento de 70.000 a 110 mil pesos el bono fue sancionado por Diputados con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones del radicalismo y el PRO, mientras la votación de la moratoria estuvo más ajustada ya que se aprobó por 111 contra 100 y 15 abstenciones.
Uno de los argumentos del Gobierno para oponerse al aumento jubilatorio y del bono es que implica un impacto fiscal del 0,8 por ciento calculado en más de 6 billones de pesos.